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The Warsaw Voice » Real Estate » June 25, 2008
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La energía sin contaminación, un objetivo público
June 25, 2008   
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Elaumento de energía con fuentes renovables, libres de contaminación, es una de las prioridades de la Unión Europea y, por consiguiente, también de Polonia. La energía eólica es una de esas energías obtenidas con fuentes renovables que no generan contaminación. Pero, aunque en los últimos años se han introducido numerosos cambios positivos en la legislación polaca, sigue habiendo en ella muchas normas que dificultan la creación de parques eólicos.

Los parques eólicos suelen ser construidos, ante todo, en zonas rurales. Por eso, una vez adquirida la tierra necesaria el inversor tendrá que resolver una tarea muy difícil que es la recalificación del terreno de manera que pueda ser destinado para la construcción del parque. Con frecuencia, los municipios en los que se planea la construcción del parque eólico, ven en dicho proyecto una oportunidad para el desarrollo general de la zona, gracias a la reducción del paro, como al aumento de los impuestos recaudados. Por eso, con frecuencia, no tienen reservas ante los cambios indispensables en el plan de ordenación espacial. Sin embargo, los municipios pobres suelen tener dificultades para financiar una operación tan costosa como suele ser la modificación del plan de ordenación espacial. Los inversores ayudarían con mucho gusto a esos municipios costeando la operación, pero eso está prohibido por la ley. La ley vigente sobre la planificación espacial introduce la norma general de que los costos relacionados con la elaboración del plan local de ordenación espacial tienen que ser cubiertos con fondos propios del municipio que deben proceder de su presupuesto. Existe, no obstante, la posibilidad de omitir esa norma si se establece que la modificación del plan e ordenación espacial tiene un objetivo público. En ese caso el inversor puede legalmente financiar los gastos relacionados con la modificación del plan de ordenación espacial, aunque solo en lo que concierne a los cambios indispensables para la consecución del objetivo público.

En principio no habría nada de malo en semejante solución, porque la construcción de un parque eólico es beneficiosa para todos y, por consiguiente, debería ser considerada como un objetivo público. Lamentablemente, no es así. Aquello que es un objetivo público lo define la ley sobre la gestión de los inmuebles, de acuerdo con la cual solamente parte de la infraestructura (por ejemplo, las líneas energéticas, los cables y las carreteras) puede ser considerada como una inversión pública. El fin que persigue la definición comprendida por la citada ley es la protección de la propiedad privada, porque solamente los inmuebles necesarios para realizar una inversión pública pueden ser expropiados. Se trata, pues, de que las atribuciones del Estado en lo que concierne a la limitación del derecho de propiedad de los ciudadanos, estén lo más limitadas posibles y estrictamente definidas. Y ese objetivo la ley en cuestión lo cumple a la perfección, pero las normas que comprende, provocan serias dificultades a los proyectos de desarrollo de la producción de energía basada en el viento. La actual imposibilidad de que los inversores financien las modificaciones de los planes de ordenación espacial constituye un freno muy serio para los proyectos de construcción de parques eólicos.

Como no hay indicios de que los municipios pobres puedan enriquecerse rápidamente, hay que llevar a cabo cuanto antes una adecuada modificación de la ley sobre la ordenación espacial. Hay que introducir una norma que dé a los inversores el derecho a financiar las modificaciones de los planes de ordenación espacial en la esfera en la que esas modificaciones se relacionan con la realización de la inversión proyectada para producir energía eólica, independientemente de que esos proyectos, desde el punto de vista de la ley sobre la gestión de los inmuebles, sean inversiones públicas o no. De esa manera se podrá abolir, aunque solo sea, una de las barreras jurídicas hoy existentes.

Texto de Magdalena Wroñska, abogada
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